El corso, una causa nacional

Por Ignacio Cofone.

Dicen “Sí a la vida”, como si su campaña fuera para salvaguardar un derecho humano fundamental. Nos dicen que permitirlo nos perjudica, pero los medios que se utilizan para evitarlo nos perjudican aún más. “El conflicto de las papeleras es una empresa de carácter nacional”, se escucha proclamar a más de uno. Lo que jamás se escucha es un porqué. Creo yo, la cruzada para prevenir la construcción de las famosas papeleras tiene más tinte político que ambientalista.

Cabría preguntarse antes de hacer exacerbadas afirmaciones: ¿Por qué estas empresas decidieron instalarse en el Uruguay? Recuerdo fugazmente carteles de boicot a la empresa Shell por parte del gobierno. Qué locura que estas “empresas que buscan rentabilidad desmedida” -como las denominó el Sr. Presidente- busquen también seguridad jurídica…

Las papeleras cumplen con las normas de protección del medio ambiente de la Unión Europea, una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia ecológica -habiendo firmado ellos el protocolo de Kyoto-. Desgraciadamente, esto es más de lo que se puede decir de las construidas de este lado del río. Recurriendo a la lógica típica de un infante -que no por eso es menos válida sino más básica y fundamental-, ¿por qué nosotros sí y ellos no?

Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace en el cono sur desde hace diez años, confirmó esto en varias oportunidades denunciando que “el Gobierno tiene un doble discurso”, y explicando que “Finlandia es un país que tiene un desempeño ambiental notablemente mejor que la Argentina”. Prieto afirma que, mientras la Argentina exige ciertas normas a las empresas que buscan instalarse en Uruguay, no cumple en su territorio ni siquiera con las más básicas. Las empresas instaladas del lado argentino utilizan tecnología muy inferior y más contaminante que Botnia y ENCE.

Justamente uno de los protagonistas de este movimiento es Greenpeace, que realiza una activa campaña a favor del blanqueado de pulpa con procedimiento totalmente libre de cloro (TLC) desde 1993. Sin embargo, sólo el cinco por ciento del blanqueado de pulpa en el mundo se realiza con este método debido a sus altos costos, y Greenpeace acepta que el método de gas cloro (utilizado para el 25 por ciento del blanqueamiento de pulpa en el mundo) es más pernicioso para el medio ambiente que el de dióxido de cloro (utilizado para el 70 por ciento del blanqueamiento de pulpa). Este último es el que se utilizará en Fray Bentos.

Wayne Dwernychuk, experto en temas de contaminación ambiental enviado por el Banco Mundial para evaluar la situación en la zona, dijo que “no habrá mayores daños que justifiquen la detención de la construcción de las papeleras”. Y agregó: “Yo recomendaría que se provea a la opinión pública más información de la que hay ahora, pues las plantas no provocarán daños que puedan preocupar a argentinos o a uruguayos”.

Me gustaría recordar un pequeño artículo olvidado de nuestra legislación: El artículo 14 de nuestra Constitución Nacional y, con él, el derecho a la libre circulación. Su violación sistemática tolerada y hasta muchas veces fomentada por el mismo Gobierno que debiera protegerla perjudica a todos los argentinos (también a los que viven en Gualeguaychú), y la justificación para que esto suceda debería ser extraordinaria. Supongo que, como dice Daniel Pecheny, “es mas cómodo exportar piquetes que ponerse a gobernar la provincia, permitir las exportaciones mediante el dragado del río Uruguay y sacar a los entrerrianos de un imperdonable estado de pobreza”.