Por Emi Baucero Miotto.
El conflicto agrario comenzó el 11 de marzo, luego de que el gobierno anunciara los nuevos aumentos en las retenciones, las cuales, de acá a cuatro años, serán móviles. Así, Martín Lousteau, Ministro de Economía, explicó que las alícuotas subirían si sube el precio internacional y bajarían si caen las cotizaciones.
En repudio a esta disposición, las cuatro entidades rurales, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), La Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coninagro, convocaron a un paro por dos días que comenzó el 12 de ese mes, dictaminándose que no habría comercialización de carnes y granos durante 48 horas.
A raíz de no haber concilio con el gobierno, esta medida se extendió por 23 días; suspendiéndose el paro el 3 de abril por un término no superior a 1 mes, luego de concertar una mesa de negociación con la presidente, Cristina Fernández de Kirchner.
Si bien las alícuotas para algunos granos bajaron, lo hicieron en menos de un punto, mientras que aquellas que aumentaron, soportaron una carga de entre 7 y 9 puntos. Esta decisión fue tomada por las autoridades económicas del Poder Ejecutivo, a pesar de que la Constitución especifica que éste no puede modificar los derechos de exportación, siendo tal facultad del Poder Legislativo. Por esta falencia, nadie se cuestiona. Así también, se discute sobre los porcentajes de las retenciones y no cuál es el destino posterior de ese dinero.
Con el fin de informar: las retenciones son impuestos que se aplican a las exportaciones como control de los precios dentro del país para que no suban a valor internacional. Asimismo, no son coparticipables; es decir, que no se distribuyen en forma federal a toda la República. El gobierno es quien decide qué se hace con ese dinero. Entonces, “¿no parece una exageración pagar tantos impuestos a un país en el que no hay rutas, (menos autopistas), no hay educación, no hay seguridad y, por si fuera poco, a nuestra clase política (acostumbrada a hacer sus propios negocios) no se les cae ni una idea y lo único que hace es politiquería repartiendo plata que no es de ellos?”; pregunta con acierto un mail que circuló a raíz del conflicto.
Si en cambio este dinero fuese devuelto a las provincias y se utilizara para obras de infraestructura que mejoren las condiciones del campo, o para mejorar las condiciones del país en general, las discusiones podrían cesar. No inquieta pagar impuestos altos a la gente, si el esfuerzo tiene un buen destino. Aunque los porcentajes de las retenciones sean exagerados, debería cuestionarse por qué la plata no tiene el empleo que conviene a todos y no el que conviene sólo al gobierno.
Emi Baucero Miotto (22)
Estudiante de Comunicación Social y Psicología (La Plata)
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