Por Emi Baucero Miotto.
En la actualidad, la ley 22285 es la que rige los medios de comunicación. Esta ley fue creada en el marco del gobierno de facto de 1976, cuando los medios eran regidos por el control y la censura, expresando el carácter centralista que guiaba la lógica del dominio militar, ya que pensaban en ellos como un lugar estratégico para su política de control.
Llegada la democracia, se creía que la ley 22285 iba a ser reemplazada; pero no fue así. En el gobierno menemista, a través de decretos de necesidad y urgencia, se fueron reformando algunos artículos de la ley, pero sólo aquellos que iban en contra de los preceptos neoliberales y de venta del patrimonio liberal. Así, se dio rienda suelta a la privatización de los canales 11 y 9; al ingreso de capital extranjero, que hasta el momento estaba prohibido; al surgimiento de los multimedios, como Cablevisión y el Grupo Clarín; a la creación de sociedades donde dueños de medios gráficos también podían tener canales de televisión; a la publicidad dentro de los programas; a la transferencia de licencias; a la acumulación de tiempo publicitario; y a la conformación de redes permanentes de medios, permitiendo que el Estado otorgase veinticuatro licencias de radiodifusión a cada licenciatario, cuando antes sólo se otorgaban cuatro.
Sumado a esto, los cambios de gobierno no mejoraron las cosas, ya que tanto en el mandato de Duhalde como en el de Kirchner también se hicieron modificaciones contrarias a la democratización de los medios de comunicación.
En este escenario, si bien desde ya hace muchos años se estaba tratando el tema, en 2009 se empezó a dar más importancia a la cuestión en los grandes medios, con el objetivo de debatir y llegar a la sanción de una nueva ley de servicios audiovisuales que contemple la pluralidad de voces, el avance tecnológico y, principalmente, la democracia.
Así fue que luego de idas y vueltas, y tras casi catorce horas de debate, a la 1:15 h. del día jueves 17 de septiembre de 2009, con 146 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, se dio media sanción a la llamada “Ley de medios K”, que contó con el apoyo de los bloques de centro izquierda (SI, Proyecto Sur, Encuentro Popular y Social y el Socialismo) y aliados provinciales. En cambio, la oposición (Radicalismo, Coalición Cívica, PRO y PJ disidente) se retiró minutos antes de que comenzara la sesión.
El paso siguiente fue que el Senado aprobara la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que busca regular la adjudicación de licencias de radio y televisión y cuyo eje central es la limitación a diez de los permisos de explotación de este tipo de medios en manos de una misma empresa.
Pero a este debate se llegó en medio de una puja de intereses entre la oposición y el oficialismo. La primera intentaba que se modifiquen algunos artículos, para que así sea devuelto el proyecto a su cámara de origen; el gobierno quería lograr la sanción de la norma sin cambios respecto del texto original.
En medio de esta tensión, el sábado 10 de octubre a las 2:30 h., la mayoría kirchnerista del Senado aprobó el proyecto de ley de radiodifusión sin cambios, gracias a la adhesión de fuerzas políticas menores y al apoyo de legisladores oficialistas críticos y de algunos opositores. Así, con 44 votos a favor y 24 en contra, el oficialismo dio el primer paso a la sanción definitiva de la ley.
Fueron más de quince horas durante las cuales el oficialismo defendió con “uñas y dientes” la iniciativa girada por Diputados con fuertes embates contra los medios de comunicación, a los que acusó de tergiversar la realidad y de ser cómplices de los poderes económicos concentrados. Por su parte, la oposición desplegó duros cuestionamientos al Gobierno, al que acusó de querer cercenar la libertad de expresión para acallar voces críticas; lo que no es del todo cierto, pues el objetivo de la nueva ley es la libertad de expresión y poder darle voces a aquellos que fueron callados —como los pueblos originarios y las organizaciones sin fines de lucro—, ya que en esta ley se les reserva “el 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura para las organizaciones sin fines de lucro. Además, los pueblos originarios serán autorizados para la instalación y funcionamiento de radios AM y FM y así como de señales de televisión abierta”.
Parafraseando a Florencia Peña, “es una ley que excede a los Kirchner y que tiene que ver con los argentinos”. En este sentido, no es productiva la oposición por la oposición, simplemente porque es la “Ley de Medios K”; o la oposición por intereses económicos, ya que considera que vulnera derechos adquiridos por obligar a vender los bienes de quienes superen el límite establecido por el proyecto en el plazo de un año. Sino que habría que pensar en todos los argentinos y cambiar una ley que está puesta por Videla con el fin de controlarnos. Aunque no se esté de acuerdo con ciertos puntos, siempre es mejor llamar al debate y a modificar, que oponerse por el simple hecho de hacer la contra al gobierno. Habría que dejar de mirar sólo lo negativo y comenzar a mirar lo positivo de este proyecto, y si no gusta, dar a conocer las razones y propuestas, no retirarse de la discusión.
Para que todos nos podamos informar, recomiendo entrar a www.argentina.ar/hablemostodos, donde se pueden encontrar distintas opiniones y lo qué es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Informémonos para saber de que hablan los que hablan y tengamos fundamentos para estar en contra o a favor.
Emi Baucero Miotto (24)
Estudiante de comunicación social
emibaucero@argentina.com
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